La Ley Bases es una ley clave y vigente en la actualidad. Este artículo muestra cómo tres medios digitales misioneros cubrieron su debate durante más de ocho meses.
Jazmín Tarnovski
Numerosos estudios y teorías abordan cómo impactan los medios de comunicación y redes sociales en la vida diaria. Por ejemplo, la teoría de la agenda setting analiza cómo distintos agentes definen los tópicos que coparán la agenda en un periodo de tiempo para así establecer jerarquías y focos de conversación pública. Hay otros vericuetos de esta teoría que analizan de qué forma se producen propuestas para evaluar a tales o cuales elementos del debate, o incluso cómo se establecen relaciones entre ellos. Este proceso constante a lo largo del tiempo genera encuadres para interpretar los temas conversados. Es decir, ayudan a conferir sentido a numerosos aspectos importantes, como es el caso de los asuntos que se definen en el Congreso.
Es así que nos surgió la intriga por comprender cuáles son las narrativas mediáticas locales entorno a la Ley Bases, en especial en un contexto de sucesivas crisis y de una fuerte transferencia de ingresos hacia sectores altos y concentrados.
No hay duda de que esta es una norma que se orienta a reformar el Estado y que producirá muchos efectos en la vida social en el corto, mediano y largo plazo, pero ¿cómo fueron presentados esos impactos en Misiones?, ¿qué partes de la ley fueron más descritas o cuáles fueron las voces más consultadas para hablar de ellos? ¿Cuáles serían las propuestas para construir sentido en este momento fundamental?.
Nos enfocamos en tres plataformas digitales. Una de ellas es Misiones Online (MOL). Según Casales (2022) esta “funciona como una agencia que abarca toda la región del NEA” y se ubica entre los quince portales más visitados del país (2022, p. 54). En sus palabras, su modelo de negocios se sostiene sobre una propuesta fuertemente plataformizada, con un alto grado de convergencia mediática, multimedialidad e integración de redacciones para la producción de contenidos (op. cit. p. 54). Según Casales, el grupo además diversifica su actividad con emprendimientos comerciales y turísticos, lo que refuerza su estructura empresarial y también recibe pauta oficial. En cuanto a su línea editorial, señala que MOL “es oficialista en materia económica y política” en términos provinciales y “progresista en temas culturales y artísticos” (2022, p. 40).
La segunda plataforma es Argentina Forestal. Un medio digital que forma parte del grupo Misiones Online S.A. Presenta en líneas generales las mismas características comerciales. Su perfil está orientado al sector foresto-industrial, técnico y ambiental, lo que no es de extrañar ya que Misiones, junto a Corrientes, concentran más de la mitad de la superficie forestada del país.
El tercer medio es el portal web de Canal Doce. La plataforma pertenece al canal de televisión LT85 Canal 12 que pertenece al multimedios estatal provincial SAPEM. García Da Rosa (2019) explica que su creación respondió a la necesidad de construir identidad y soberanía en un espacio fronterizo de constante disputa por los límites territoriales. Es decir, sus formas y contenidos estaban orientadas a narrar lo social, político y cultural para establecer la institucionalidad de la provincia. Aunque afirma que, desde la recuperación de la democracia a la actualidad sostiene un marcado alineamiento con el gobierno local, funcionando como espacio de promoción institucional.
La Ley ¿Bases?
La norma es inédita. Tanto por su extensión y por la profundidad de las reformas que propone como por las condiciones de su debate. El proyecto impulsado en diciembre de 2023 fue presentado como el instrumento necesario para lograr la gobernabilidad de la nueva administración y para refundar la nación. Esto, en palabras oficiales, sucedería una vez liberadas las fuerzas productivas del mercado.
La primera versión incluía 664 artículos y la ratificación del DNU 70-2023. Contemplaba la declaración de emergencia pública y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en once áreas -económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social- por un plazo de dos años prorrogables hasta el final del mandato. Estas atribuciones le conferían al presidente un amplio margen de aplicación sin intervención del Congreso.
Aunque esta versión obtuvo aprobación general en la Cámara de Diputados, numerosos artículos fueron retirados ante la falta de respaldo en la votación particular. Esto obligó al Ejecutivo a devolver el proyecto a comisiones, maniobra que reinició el proceso legislativo.
La segunda versión fue presentada en marzo de 2024 en formato de dos proyectos: La Ley Bases y el Paquete Fiscal, el cual contiene una reforma en esta materia. En conjunto ambas normas son una versión modificada del primer proyecto, aunque no en esencia. Las emergencias quedaron acotadas a las áreas administrativa, económica, financiera y energética, y las facultades delegadas al Ejecutivo se limitaron a esos mismos rubros, se implementó la desregulación económica y la lista de empresas privatizables se redujo. En paralelo, se reincorporaron artículos sobre el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales tras una ajustada votación particular.
En relación con la Reforma del Estado, las facultades delegadas otorgan al Poder Ejecutivo la posibilidad de modificar, fusionar o disolver organismos públicos, con algunas excepciones vinculadas a áreas sensibles como educación y ciencia. Además, se autoriza la intervención de empresas y fondos fiduciarios estatales. La ley también establece la reorganización de la administración pública, con énfasis en la simplificación de trámites, reducción de plazos y racionalización de recursos. En este marco, se introduce un régimen de pase a disponibilidad y disminución de la planta estatal, en línea con la reforma de recorte para solucionar el déficit fiscal.
La última versión sancionada también incorpora un capítulo de reforma laboral titulado “Promoción del Empleo Registrado”, aunque su contenido apunta a desarticular instituciones de protección laboral. Entre sus principales disposiciones, se destaca que fueron perdonadas deudas previsionales y multas a empleadores por tener personal no registrado o mal registrado, siempre y cuando regularicen la situación. Así mismo se derogaron normativas que regían las contrataciones en el sector agrario. Esta iniciativa asocia las regulaciones, en este caso laborales, con el desempleo, y establece la flexibilización como una condición necesaria para generar empleo formal. De esta manera se refuerza la narrativa que vincula los derechos con obstáculos al desarrollo económico.
Por otro lado, entre los aspectos más transformadores de la estructura estatal y ampliamente debatidos en el marco del Paquete Fiscal, destacan medidas que, aunque no todas lograron concretarse, se alinean con la idea de refundar la nación a través de la desregulación de mercado. Un ejemplo es el capítulo previsional, que finalmente fue excluido de la ley. Buscaba eliminar el sistema de moratorias jubilatorias que permitía regularizar aportes mediante planes de pago para acceder a la jubilación. De todas maneras, esta no se encuentra vigente tras su vencimiento en marzo 2025 y la decisión de no prorrogarla.
En materia tributaria, el ajuste al Impuesto sobre los Bienes Personales modificó los parámetros para hacer declaraciones. Se elevó el piso patrimonial para tributar, abarcando bienes muebles, inmuebles y activos en el exterior, y se implementó un régimen voluntario de pago anticipado. Esto otorgó mayor flexibilidad a los contribuyentes. Paralelamente, se reinstauró el piso de Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, una medida que reincorporó a numerosos sectores al gravamen. Otro de los ejes centrales del paquete es el régimen de regularización de activos, conocido como blanqueo, diseñado para incentivar la declaración voluntaria de bienes no registrados ante la AFIP o actual ARCA. Quienes adhieran se amparan bajo amplios beneficios fiscales, como tasas reducidas y plazos extendidos. Es posible notar a lo largo de la descripción y en el marco del programa de gobierno que estos ajustes reflejan tensiones entre objetivos recaudatorios, inequidad fiscal y protección de sectores concentrados que a la vez son dimensiones sensibles de relación entre provincias y el gobierno nacional.
Las reformas introducidas por la Ley Bases y el Paquete Fiscal, si bien se presentan como orientadas a la reducción del Estado, implican en los hechos que el diseño institucional se concentra aún más en el Poder Ejecutivo. En conjunto, las normas consolidan un modelo que prioriza la atracción de capitales y la liberación de la economía, en detrimento de la preservación territorial y de las instituciones de protección de los sectores más vulnerables. Lo que se propone como un proceso refundacional en nombre de la libertad retoma y reactiva en un nuevo escenario de crisis los principios de desregulación, privatización y retracción estatal característicos de la etapa neoliberal de los noventa, aunque con mayor profundidad.
Por otro lado, recordemos que las condiciones de debate también son específicas. La llegada de la Libertad Avanza al gobierno, aún sin estructura partidaria, quiebra el histórico dualismo compuesto por el kirchnerismo y el Pro (Waiman, 2015; Coscarelli, 2023). El primero de corte nacional-popular, con altos niveles de intervención estatal y el segundo de tendencia liberal-conservadora orientada a la apertura de mercados y una gestión emprendedurista de la pobreza (Canelo, Castellani y Gentile, 2018; Nougués y Salerno, 2021). En este contexto, Dagatti (2024) considera al fenómeno libertario y a Milei como “síntomas de un estado del discurso social” (p. 9). Sostiene que, durante la campaña presidencial lograron ocupar un espacio vacante de interpelación política, articulando demandas de sectores de elite identificados con una economía liberalizada, junto con reclamos de sectores populares afines a la cultura política peronista mediante el uso de sus formas características y su impronta popular (op. cit, 2024). Esta articulación revela a su vez el fracaso de las gestiones previas en ofrecer respuestas efectivas ante las sucesivas crisis económicas, las cuales fueron intensificadas por los efectos de la pandemia.
En un escenario con el Congreso fragmentado y con escasa estructura partidaria propia, el oficialismo adoptó dos estrategias distintas frente al tratamiento de la Ley Bases. En su primera versión, intentó avanzar mediante mecanismos de presión. Eliminó transferencias y fondos especiales destinados a las provincias. Esto fue realizado para condicionar a los gobernadores a intercambiar apoyo parlamentario por recursos presupuestarios. Para la segunda versión el gobierno introdujo algunas modificaciones pero sin alterarla en sus elementos fundamentales. Al mismo tiempo el Ejecutivo estableció acuerdos que incluyeron la promesa de beneficios fiscales a las provincias como parte de la negociación y alianzas en el recinto: “su estrategia ha sido operar en coalición con el bloque del PRO/Juntos por el Cambio y parcialmente con la Unión Cívica Radical dentro de la Asamblea, y ha nombrado como Ministros clave a varios funcionarios del anterior gobierno del PRO” (Mancero Acosta y De Gori, 2024, p. 158), aunque también hubo conciliaciones con otros partidos, incluso peronismos provinciales.
De todas formas, los autores señalan que pese a necesitar consensos, el gobierno no enfrentó una oposición cohesionada. El Partido Justicialista, explican, se encuentra en un proceso de reorganización interna y en la discusión acerca de las causas de su derrota electoral o de quién conducirá al movimiento en esta nueva etapa. En el radicalismo, tanto legisladores como gobernadores han mostrado cierta cercanía con el libertarianismo, lo que generó tensiones al interior del partido que aún no había definido una postura clara en términos oficiales. Por último, afirman que el Frente de Izquierda ha mantenido una posición crítica frente al gobierno, sin embargo su capacidad de incidencia legislativa es limitada debido a la poca cantidad de bancas que posee en el Congreso.
Focos, voces oficiales y matices editoriales
Para leer los siguientes resultados hay que tener en cuenta que Misiones Online (MOL) marca y reproduce las tendencias generales ya que es el medio que presentó más del 80% de toda la muestra. Canal Doce representa el 16% y Argentina Forestal solo el 2%. Estos números responden a sus distintas capacidades estructurales. Sin embargo, a partir de las lecturas particulares de cada uno podremos ver sus matices.
Al observar las fuentes consultadas para informar sobre el tratamiento de la Ley Bases, es evidente que se produjo una cobertura con baja diversidad de voces. En primer lugar, se observa que en el 50,7 % de los casos se incluyó una sola fuente, lo que implicó la predominancia de una única posición respecto al proyecto. Las notas que incorporaron dos fuentes representaron el 23,4 % del total, pero dentro de ese grupo, cerca de la mitad (11 %) también presentó una sola postura respecto a la Ley Bases y el resto ofreció una confrontación de puntos de vista. En conjunto, incluso en notas con múltiples fuentes, la tendencia a reforzar una única perspectiva fue significativa ya que, más del 66 % de la cobertura se estructuró en torno a una posición dominante.
En cuanto al tipo de fuente, también se registraron altos niveles de concentración en relación a actores gubernamentales, con una marcada prevalencia de fuentes de procedencia nacional. Esta orientación refuerza la centralidad del Estado, particularmente del Ejecutivo nacional, como emisor privilegiado de información, en desmedro de la inclusión de voces alternativas o subnacionales.
La contextualización se apoya en miradas oficiales, con escasa incorporación de enfoques sectoriales, sociales o técnicos que permitan una comprensión más amplia de la reforma. Este patrón responde a una lógica informativa orientada más a la ratificación institucional que al contraste de perspectivas, lo que restringe la pluralidad en la representación del conflicto. Esto, en palabras de Alsina “lleva a mezclar la relevancia pública del acontecimiento con la valoración establecida por el sistema político” (1989, p. 21) y a partir de esta lógica, las representaciones que realiza el sistema político tienden a ser privilegiadas para la interpretación del tema.
En cuanto a las fuentes sindicales, su participación alcanza un 5,5 %, de procedencia nacional y menos del 1% son de Misiones. Esta es una presencia limitada si se considera la magnitud del impacto laboral que implica la reforma. Por su parte, las fuentes económico-financieras también aparecen con moderación: 4,8 % las nacionales y 2,7 % las internacionales. Aún más reducida es la presencia de fuentes productivas o especializadas, que no superan el 2 %, un dato llamativo frente al perfil eminentemente económico y productivo del proyecto.
Analizamos también cuánto coincidieron el actor principal y la fuente principal en las coberturas. En el 72,5 % de los casos se trata de la misma voz, mientras que en el 25,4 % no hay coincidencia. Esto muestra que la mayoría de las veces son los propios protagonistas quienes interpretan los hechos. En general, la distribución de actores y fuentes es similar y en ambos casos predominan las voces oficiales.
Pero al comparar el nivel de aparición entre los actores misioneros, el protagonismo se concentra diferente. Los legisladores provinciales (48,2 %) encabezan el gráfico seguido del Ejecutivo local (29,3 %). En menor medida, pero aún de forma significativa aparecen manifestantes locales (8,6 %) y actores productivos (5,1 %). Otros actores, como referentes culturales, especialistas, ONGs, opositores provinciales o representantes de La Libertad Avanza, alcanzan una presencia marginal, aunque superior a la nula visibilidad de sectores como el ambiental, científico o educativo, que directamente no figuraron en la cobertura.
Esto indica el lugar destacado legisladores provinciales en el congreso nacional sobre el ejecutivo, lo que sugiere una representación centrada en la disputa político-institucional que puede estar vinculada a una estrategia discursiva de bajo perfil tradicional del oficialismo misionero que prioriza la negociación y alineación al gobierno nacional antes que la confrontación pública y un discurso que enfatiza el carácter localista del partido renovador.
Por otra parte, al observar la participación de actores misioneros, resulta significativo que uno de los grupos con mayor visibilidad haya sido el de los manifestantes. Sin embargo, esta categoría fue diseñada para relevar situaciones de protesta sin identificación sectorial explícita, por lo que no permite establecer una asociación directa con actores organizados o institucionales. En muchos casos, los registros corresponden a expresiones de descontento protagonizadas por grupos autoconvocados o a notas en las que se entrevista a manifestantes sin referencia clara a un sector determinado. Si bien esto evidencia cierto grado de visibilización de la oposición a la ley, no permite precisar qué intereses colectivos o sectores sociales se encuentran representados en esas intervenciones.
Por otro lado, el estudio indica que en los medios locales no necesariamente predominó una cobertura centrada en las consecuencias de la aprobación de la Ley, tampoco en las opiniones de los posibles sectores afectados, ni en el debate en sí. En especial se hizo foco en el entramado de negociaciones y en el proceso institucional para tratar el proyecto.
Además, respecto al contenido de la ley, en un principio suponíamos que las coberturas locales se centrarían en los puntos de la ley que afectan a los sectores productivos específicos de Misiones, como es el caso del capítulo tabacalero, por ejemplo. Pero los resultados indican que predominaron aquellos bloques vinculados a la reforma fiscal y productiva a nivel estructural.
Vemos que si bien resalta el tratamiento de la ley en General, esto no significa una simplificación de la cobertura. El valor General contempla tanto un abordaje integral del proyecto como el tratamiento de tres o más bloques temáticos. Gracias a distintas variables se estableció que hubo un nivel significativo de descripción del proyecto, sin embargo, la orientación específica es en torno a los núcleos duros económicos.
Como mencionamos, MOL reproduce los resultados generales:
Este recorte temático reafirma el perfil generalista de MOL, con una cobertura que prioriza los aspectos económicos de la reforma por sobre bloques vinculados a dimensiones sociales o institucionales. A la vez, la representación significativa del RIGI y la Reforma Laboral sugiere una atención a los instrumentos orientados a reconfigurar la matriz productiva incluyendo las condiciones de trabajo asociadas a la misma.
Argentina Forestal (AF) presenta un recorte orientado por su perfil productivo. El RIGI representa el 50 % de su cobertura, seguido por Retenciones (20 %), y con 10% cada uno, los bloques de Disolución de Organismos y Fondos Fiduciarios que afectan a estructuras de regulación, fomento y financiamiento orientadas a diversos sectores, aunque en este caso están relacionadas al productivo, como también la Reforma Laboral. Esta distribución refleja una lectura anclada en el impacto de la ley sobre sectores estratégicos de la matriz productiva, articulando lo económico y lo laboral como dimensiones interdependientes, y consolidando una perspectiva menos institucional.
En cuanto a Canal Doce, los resultados indican que la cobertura de la Ley en general concentra casi el 45 % del total, seguida por Ganancias (12,4 %) y Bienes Personales (7,7 %), bloques vinculados a la distribución fiscal entre Nación y provincias. Luego aparecen Privatización de Empresas (6,9 %), RIGI (más del 6 %) y Tabaco (5,4%). Resulta especialmente llamativo el porcentaje presentado en torno al capítulo tabacalero dado el peso económico, político y simbólico del sector en Misiones. Esto da cuenta que en general se han priorizado aspectos de la reforma que impactan en los recursos de la provincia antes que a la especificidad productiva local. Por último, los bloques de Cultura, Delegación de Facultades y Retenciones presentan una cobertura marginal, con menos del 3 % cada uno, lo que introduce un matiz adicional en la lectura. Por un lado se establece una agenda que incluye los aspectos que afectan a la agroexportación y los formatos institucionales, por otro, en el caso de Cultura, se otorga visibilidad a intervenciones públicas de actores provinciales del campo cultural en el marco de las protestas contra las nuevas medidas en torno al financiamiento del sector. Sin embargo, cabe destacar también la respuesta institucional por parte del gobierno provincial, a través del accionar directo del secretario de Cultura de Misiones, quien acudió personalmente al Congreso a solicitar la protección del área. Este posicionamiento no resulta casual si se considera el carácter estatal provincial oficialista del medio y que, como señala Laura Ebenau, para el Frente Renovador “es muy importante ejercer la dirección de la política cultural y pedagógica –en el sentido más amplio–, tarea que es asumida como una labor impostergable” (2020, p. 58). En este marco, y a partir de diversos dispositivos, según la autora se articula una continuidad entre las narrativas de la misioneridad forjadas durante el proceso de provincialización y un repertorio partidario contemporáneo que opera como fundamento de legitimidad política local.
De la misma manera, el análisis demuestra que las valoraciones más resaltadas respecto a la normativa están muy asociadas a los sectores que la promueven. Esto responde al alto nivel de consulta a las fuentes oficiales y aliadas. Sin embargo, encontramos que los distintos medios introdujeron algunos matices editoriales a pesar de los discursos dominantes.
En MOL se reproducen los aspectos de la cobertura general. Los problemas y soluciones se concentran en los planos institucional y macroeconómico, que en total superan el 60% y el 80% de las menciones respectivamente, mientras que las referencias de aspectos favorables para la matriz productiva y la reproducción de la vida social son marginales.
En cuanto a las problemáticas, predominan las dimensiones microeconómica e institucional, seguidas por cuestiones productivas y laborales. Temas como lo ambiental, macroeconómico y educativo poseen una presencia escasa.
En los casos puntuales en que se señalaron posibles problemáticas para el campo productivo o las dimensiones microeconómica e institucional, no predominó el rechazo absoluto a la aprobación de la ley, sino que se propusieron modificaciones como condición para el avance del proceso legislativo.
Por su parte, en CD las soluciones priorizan el enfoque macroeconómico, seguido por lo institucional y lo productivo, con escasa atención a lo microeconómico.
En contraste, las problemáticas se concentran en lo productivo y microeconómico, con menciones intermedias a lo institucional y laboral, y en menor medida a lo macroeconómico.
Estas diferencias sugieren que, si bien ambas coberturas reproducen marcos oficiales en relación con las soluciones, difieren en la construcción de los diagnósticos problemáticos. En el caso de MOL predominan las menciones de problemáticas microeconómicas e institucionales. En cambio, en CD adquieren relevancia los conflictos productivos. Cuando fueron mencionados, surgieron a partir de fuentes que no expresaron un rechazo contundente a la ley. Esta postura se vincula tanto con el acompañamiento de los legisladores locales como con sus demandas específicas en torno a la inclusión del capítulo tabacalero, que finalmente fue incorporado. Por otro lado, es llamativo que el único aspecto que presentó un nivel significativo de asociación al rechazo categórico haya estado relacionado a la reproducción microeconómica. No obstante, sus niveles de representación son marginales por lo que no alcanzan a constituir un punto de contrapeso dentro del debate. Del mismo modo resulta interesante que, ante la presentación de problemáticas institucionales, el posicionamiento frente a la ley se haya orientado hacia la indefinición. Este aspecto también podría estar vinculado a la estrategia provincial de alineamiento con el gobierno nacional en la que pretende demostrar ciertos márgenes de autonomía local a partir de la neutralidad.
Por su parte, AF del grupo MOL presentó un perfil marcadamente diferenciado. Los resultados entre los argumentos positivos de los actores protagonistas difieren de los de las fuentes, lo que evidencia un importante grado de diversificación de voces.
Las soluciones planteadas por las fuentes se distribuyen de manera equilibrada entre soluciones del plano laboral, productivo e institucional. Esta última dimensión en particular, se vincula con un posicionamiento que acepta la ley en términos generales, aunque explicita la necesidad de introducir modificaciones. En contraste el actor muestra un núcleo duro de soluciones macroeconómicas y solo exige modificaciones cuando predomina la aparición de soluciones laborales e institucionales. Estos resultados reflejan, por un lado, la dinámica de las negociaciones por la Ley Bases en las que, pese al consenso general entre sectores, existieron condicionamientos para su acompañamiento. Por otro lado, confirman que los sectores afines, aunque con distintos grados de valoración, centraron sus argumentos en las oportunidades que la ley brindaría en términos macroeconómicos y productivos con una asociación directa a la reforma laboral, configuración que resulta concordante con las narrativas oficiales.
En el caso de las problemáticas, se observa una coincidencia muy significativa entre los argumentos del actor y los de la fuente, lo que indica que, en la mayoría de las ocasiones en que aparecieron actores en disidencia, lo hicieron tanto en calidad de protagonistas como de fuentes principales.
Tanto para el actor como para la fuente se observa una preocupación marcada por las posibles afectaciones al aparato productivo, particularmente asociada a las retenciones y al RIGI. Este último fue mencionado en relación a las nuevas reglas de mercado que podrían perjudicar a los actores locales. Cabe recordar que la primera versión del proyecto no exigía un mínimo de inversión extranjera en insumos producidos en el país, lo que generó controversias y reclamos desde el sector productivo. En respuesta, la segunda versión incorporó un piso mínimo de inversión en la producción local. No obstante, el posible impacto ambiental del régimen fue una preocupación expresada únicamente por las fuentes.
En paralelo también generaron inquietud las modificaciones en las retenciones, que preveían un gravamen del 15% para diversos sectores productivos, incluyendo empresas de base forestal como las productoras de celulosa, madera aserrada y pellets. Aunque la disposición fue finalmente retirada tras intensas negociaciones, el rechazo inicial se articuló en función de su impacto negativo sobre el entramado productivo local y sobre indicadores microeconómicos asociados a la cadena agroindustrial. En este sentido, es importante remarcar que los nodos productivos locales generan cadenas de valor que se extienden territorialmente, afectando diversas dimensiones de la microeconomía provincial.
Al mismo tiempo, la cobertura de AF incluyó críticas a la reforma laboral por su flexibilización de las condiciones de contratación en el empleo agrario, a través de la modificación de la Ley 26.727. También se expresaron objeciones respecto a las consecuencias ambientales y científico-tecnológicas de la disolución de organismos y fondos fiduciarios destinados a la protección de bosques y a la regulación y fomento de la investigación. El contraste en estos resultados refuerza lo que mencionamos antes respecto a que la diversificación de fuentes habilita la incorporación de matices interpretativos que desbordan la lógica oficial y permiten visibilizar tensiones sectoriales específicas.
Coberturas locales sobre la Ley Bases
Estos resultados evidencian que en un contexto de transición de gobierno atravesado por un fuerte condicionamiento comunicacional y un claro alineamiento provincial con la administración libertaria, existe una tendencia general hacia la ratificación de las narrativas oficiales. Existe un apuntalamiento de la discusión pública en torno a las altas esferas del poder, especialmente mediante la centralidad otorgada a actores y fuentes dominantes, como representantes del Ejecutivo nacional.
Esta orientación se refuerza a través del foco puesto en las dinámicas de negociación legislativa, así como en las soluciones propuestas y el modelo de organización estatal impulsado por los promotores de la ley. El abordaje general ha sido restrictivo en cuanto a la diversidad de interpretaciones sobre el contenido del proyecto.
De la misma manera esto se tradujo en la predominancia de valoraciones positivas del proyecto asociadas a sus posibles beneficios macroeconómicos, fiscales e institucionales. En ese marco, los medios locales analizados contribuyeron a la centralización del debate.
En relación con el punto de partida del estudio, se identificó un contraste relevante. El proyecto fue presentado principalmente como una política de alcance nacional, lo que desplazó el posible énfasis sobre su impacto local. Además, los bloques normativos vinculados al sector productivo no estructuraron el tratamiento mediático, aunque se observaron menciones puntuales asociadas a las economías regionales. Los hallazgos en relación a esto es que dichos bloques tuvieron una función articuladora entre el Estado nacional y otras escalas de gobierno debido a su aparición transversal en distintos niveles territoriales. Otro resultado emergente fue que desde una perspectiva local, los aspectos relacionados con la recaudación y la coparticipación también tienen relevancia significativa.
Por otra parte, a pesar de los altos niveles de homogeneidad en torno a las narrativas dominantes, la representación del tema mostró ciertas variaciones según las líneas editoriales de los medios analizados.
MOL presentó el debate en términos político-económicos, desde un marco institucional nacional claramente centralizado con fuerte énfasis en las negociaciones. Esta perspectiva asoció la implementación de la ley con propuestas fiscales, productivas y estructurales orientadas a la mejora de la macroeconomía y al fomento de la inversión extranjera. Cuando aparecieron opiniones críticas, estas se vincularon con efectos negativos para la institucionalidad, la microeconomía y, en un primer momento del proyecto, para el entramado productivo local. Aun así, resulta relevante destacar que Argentina Forestal, medio que pertenece al mismo grupo empresarial, introdujo matices relevantes en la cobertura. Lo hizo mediante la incorporación de voces más diversas, vinculadas a problemáticas laborales, ambientales, científicas, y con una expansión del enfoque territorial al incluir actores regionales y locales. Esto permitió contrarrestar al menos en parte las narrativas predominantes.
Canal Doce también enmarcó el debate en una clave institucional centralizada. Sin embargo, incorporó una articulación específica con la agenda institucional provincial, destacando el rol del poder legislativo misionero en el proceso de debate. La ley fue presentada como una solución a la situación macroeconómica e institucional del país, así como favorable para los sectores productivos. En los casos donde se mencionaron argumentos de crítica, estos no conformaron un núcleo duro de rechazo, sino que estuvieron más bien vinculados a demandas puntuales de modificación.
En síntesis, si bien predominaron las voces afines al proyecto, los medios privados analizados introdujeron mayores matices y distinciones, incluyendo niveles significativos de núcleos críticos consistentes frente a los lineamientos del proyecto de ley.
Si bien este trabajo no abarca todas las dimensiones del debate en torno a la Ley Bases, ofrece una mirada situada que ayuda a comprender los discursos que lo conformaron. Además, busca aportar a la reflexión sobre la esfera pública misionera, las ideas que circulan en ella y las prácticas informativas que la caracterizan.
En este este sentido entendemos que los medios y la labor periodística cumplen un rol central como actores que construyen el presente social de referencia (Gomis citado por Casales, 2020, p. 23) ya que, alfabetizan en el sentido de que “regulan el acceso a la información pública sobre la cual descansan muchísimas decisiones y valores de la ciudadanía” (Casales, 2022, p. 45). Es por ello que este análisis refuerza la urgencia de ampliar y diversificar las voces que participan en la esfera pública local, condición imprescindible para una democracia más plural y representativa, en particular, ante reformas de carácter trascendental como la Ley Bases, que atraviesan múltiples sectores y escalas territoriales.
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