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La efeméride del 24 de marzo nos convoca a recordar que hace 50 años fuimos objeto de un golpe genocida que implicó  la vulneración de los Derechos Humanos fundamentales, hechos aberrantes que a lo largo de estos años han quedado fehacientemente demostrados por la justicia, como las detenciones ilegales, desaparición de personas, torturas, apropiación de bebés, entre otras formas de destrucción de la vida. 

Los crímenes delesa humanidad constituyen serios ultrajes a los Derechos Humanos por su extrema gravedad y por la participación en ellos de parte de la estructura estatal así como de funcionarios y autoridades gubernamentales. Son algo más que delitos comunes, por eso su imprescriptibilidad.

El terrorismo de estado implicó la suspensión de la actividad política y sindical, la disolución de partidos políticos, el Congreso Nacional, la intervención de los sindicatos y la censura a la prensa, incluso impuso la Ley 22.285 que reguló la actividad hasta el año 2009, año de la aprobación de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA).   Un plan sistemático -comprobado y relatado en las 332 sentencias dictadas desde 2006 y las 1.195 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad- perpetrado desde las esferas del gobierno de la época que tuvo como propósito la destrucción de una Argentina industrial, con consumo interno, pleno empleo, altos índices educativos y culturales; para dar lugar a el endeudamiento externo con el FMI, la dependencia económica, social y cultural. 

La ejecución de este Plan, incluyó también represión y persecución a dirigentes políticos, sociales, religiosos, trabajadores/as, estudiantes, campesinos. Desaparición de personas, torturas, apropiaciones de bebés, delitos contra la integridad sexual y  asesinatos, también formaron parte del repertorio de crímenes perpetrados por el estado en esa década infame. 

Esta etapa que venimos a recordar y repudiar, contó con la participación de empresas mediáticas que contribuyeron con sus relatos al silenciamiento de lo que estaba ocurriendo en pos de “construir un consenso y una percepción” respecto de lo que efectivamente se ejecutaba: la vida y la sangre derramada de 30 mil ciudadanos y ciudadanas de este país, como parte del disciplinamiento político y social y el debilitamiento del estado en pos del mercado financiero. 

No sólo hubo censura previa a la prensa y limitaciones a la libertad de expresión en este esquema represivo,  sino también persecución, desaparición, tortura y asesinato de periodistas. Así, a través de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se pudo establecer que 223 trabajadores de prensa fueron desaparecidos por la última dictadura cívico militar.

La provincia de Misiones y la región también resultaron objeto de la aplicación de este plan sistemático orquestado por la dictadura cívico- militar-eclesiástica y empresarial, principalmente sobre productores del agro misionero y  miembros de la comunidad universitaria a quienes recordamos en sus luchas: más de 60 desaparecidos/as, 4 asesinados y más de 600 presos/as políticos. A nivel local, el aparato represivo robó y torturó a pequeños productores de Misiones. Algunos de estos hechos fueron comprobados en instancia judicial. Hasta el 2021, cinco juicios por crímenes de lesa humanidad fueron tramitados y completados en la Justicia Federal, en Misiones. 

El derecho a la Memoria, la Verdad y la Justicia constituye entonces,  una responsabilidad del estado democrático; de allí se desprende la obligación estatal de investigar, juzgar, sancionar y reparar estas violaciones incorporadas a la Constitución Nacional.

Ignorar los procesos históricos que han marcado trágicamente nuestra cultura y sociedad, intentar olvidarlos o abordarlos superficialmente, sólo pueden conducir a la reiteración de formas autoritarias de gobierno que incluso pueden volverse extremas. 

En la actualidad asistimos a la continuidad de una política que tuvo su origen hace cinco décadas. Un proyecto Neoliberal que actualiza y profundiza desigualdades: una permanente vulneración de los Derechos Humanos provoca la exclusión social de la mayoría de los habitantes del suelo argentino, a través de políticas deliberadas del gobierno nacional. El desmantelamiento de las políticas de protección social, su desestatalización, el aumento de la precarización de las relaciones laborales, combinados con el incremento de la pobreza y la marginalidad así como el debilitamiento  y ataques sistemáticos a la actividad de la prensa y  el ejercicio de la libertad de expresión, de los y las periodistas,  constituyen medidas que tienen continuidad con un proyecto social, económico y cultural que tuvo sus orígenes en el terrorismo de estado de los años 70. 

Hace ya varias décadas un gobierno democrático encaró primero el juzgamiento de estos crímenes y luego otro estableció como política de estado la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

Otro gobierno democrático no debe postular una ruptura con lo que constituye una política de estado construida a lo largo de la vida democrática. En esa línea, rechazamos los  indultos a los genocidas. 

El Departamento de Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, a lo largo de su existencia, acompañó e intervino a través de sus diversos claustros tanto en la formación de una conciencia crítica y reflexiva, la producción de contenidos, la promoción y ladifusión de importancia de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un compromiso que renovamos al conmemorarse el 50 aniversario, comprometidos con la justicia, la libertad, la democracia, la memoria y los Derechos Humanos. 

#Noolvidamos #noperdonamos #Memoria,verdadyjusticia#Son30mil #Nuncamás

Imagen ilustrativa: Colectivo Manifiesto.