{"id":1037,"date":"2025-11-27T20:03:10","date_gmt":"2025-11-27T23:03:10","guid":{"rendered":"https:\/\/mediosfericos.unam.edu.ar\/?p=1037"},"modified":"2025-12-17T15:16:19","modified_gmt":"2025-12-17T18:16:19","slug":"la-protesta-y-la-organizacion-social-son-derechos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mediosfericos.unam.edu.ar\/index.php\/2025\/11\/27\/la-protesta-y-la-organizacion-social-son-derechos\/","title":{"rendered":"La protesta y la organizaci\u00f3n social son derechos"},"content":{"rendered":"\n
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El Equipo de Investigaci\u00f3n Mediosf\u00e9ricos -de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones-<\/strong> expresa su preocupaci\u00f3n, rechazo y repudio<\/strong> a la condena dictada por la jueza Correccional y de Menores N\u00ba 1 Marcela Leiva a lxs docentes M\u00f3nica Gurina y Leandro S\u00e1nchez -referentes de la CTA Aut\u00f3noma Misiones y  UTEM- FTEL respectivamente-,  a penas de prisi\u00f3n en suspenso por su participaci\u00f3n en las manifestaciones multisectoriales del a\u00f1o 2024.<\/p>\n\n\n\n

Esta sentencia constituye un precedente alarmante en la vulneraci\u00f3n del ejercicio de un derecho constitucional y supranacional que el estado debe garantizar: el derecho a la protesta, a la organizaci\u00f3n como primer derecho, que habilita el ejercicio de otros derechos personales y colectivos en un Sistema Democr\u00e1tico. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, da cuenta de un proceso de consolidaci\u00f3n sostenido de judicializaci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de la protesta social en la provincia, y una amenaza directa a los principios m\u00e1s elementales de la Democracia.<\/p>\n\n\n\n

Como colectivo que investiga la Comunicaci\u00f3n con  perspectiva de derechos  advertimos que esta resoluci\u00f3n no es un hecho aislado sino la expresi\u00f3n local de un modelo de gesti\u00f3n de la conflictividad social que desplaza las demandas colectivas del terreno pol\u00edtico al fuero penal. All\u00ed donde debiera abrirse el di\u00e1logo se erige la punitividad; all\u00ed donde la ciudadan\u00eda reclama la escucha por derechos vulnerados se responde con expedientes judiciales y causas penales. Esta deriva institucional erosiona las bases mismas del sistema democr\u00e1tico que se sostiene en la participaci\u00f3n p\u00fablica y la posibilidad efectiva de disputar sentidos sobre lo com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, el car\u00e1cter disciplinador de esta sentencia no se agota en el sector docente. Por el contrario, opera como advertencia hacia el conjunto de la clase trabajadora: se criminaliza a un colectivo hist\u00f3ricamente organizado, con tradici\u00f3n gremial y experiencia en defender sus derechos y garantizar el acceso a otro derecho constitucional: el de la Educaci\u00f3n. As\u00ed, la  selectividad punitiva busca desactivar reclamos futuros.<\/p>\n\n\n\n

La utilizaci\u00f3n del sistema penal como herramienta de intervenci\u00f3n en conflictos sociales refleja una preocupante y restrictiva concepci\u00f3n del espacio p\u00fablico: en lugar de comprender la protesta social como manifestaci\u00f3n leg\u00edtima de necesidades insatisfechas y de desigualdades persistentes, se la reduce a un problema de tr\u00e1nsito, ruidos molestos o afectaciones comerciales, no probadas en las audiencias. Esta operaci\u00f3n deshistoriza las luchas sociales y las despoja de su densidad material: salarios insuficientes, crisis de infraestructura educativa, condiciones laborales precarias y ausencia de respuestas institucionales<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, la sentencia exhibe falencias que comprometen severamente la independencia judicial: viola la Constituci\u00f3n Nacional (arts. 14, 14 bis, 33 y 75 inc. 22) y contradice tratados internacionales de derechos humanos como la Convenci\u00f3n Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, que garantizan la libertad de expresi\u00f3n, la reuni\u00f3n pac\u00edfica y el derecho a reclamar. Tambi\u00e9n desconoce los est\u00e1ndares de la CIDH, la ONU y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que afirman que la protesta no puede ser penalizada. Este desd\u00e9n por los est\u00e1ndares internacionales vigentes configuran un escenario donde el sistema judicial se aproxima a un rol de polic\u00eda pol\u00edtica m\u00e1s que al de garante de derechos.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Resulta indispensable se\u00f1alar que la protesta social es un elemento constitutivo de la vida democr\u00e1tica, es parte sustantiva de la gram\u00e1tica de los derechos: cuando los canales institucionales fallan, cuando la representaci\u00f3n pol\u00edtica se agota o cuando la distribuci\u00f3n del poder se desbalancea, la protesta emerge como un acto colectivo de reposicionamiento y expresi\u00f3n ciudadana. Negarla o someterla al arbitrio judicial implica silenciar voces, borrar conflictividades leg\u00edtimas y restringir el debate p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

El precedente que deja este fallo es peligroso no s\u00f3lo para el campo sindical o docente, sino para toda la ciudadan\u00eda misionera. Hoy se sanciona a quienes expresan una demanda laboral; ma\u00f1ana podr\u00eda recaer sobre quienes defiendan la salud, el ambiente, la vivienda, la diversidad cultural o cualquier otro derecho vulnerado.<\/p>\n\n\n\n

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En tiempos en que el espacio p\u00fablico se disputa tanto en las calles como en las plataformas digitales, la criminalizaci\u00f3n de la protesta no s\u00f3lo inhibe cuerpos sino que intenta regular sentidos. Ello configura un ecosistema comunicacional en el que expresarse conlleva riesgos y en el que la denuncia p\u00fablica se torna sospechosa. Frente a este escenario nuestro compromiso como equipo dedicado a estudiar la informaci\u00f3n como bien p\u00fablico es indeclinable.<\/p>\n\n\n\n

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Declaramos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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